El novio de Ayuso, llamado a declarar el 7 de febrero por presuntos delitos de fraude fiscal
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado por la jueza que le investiga para declarar el próximo 7 de febrero, por dos presuntos delitos de fraude fiscal, según ha avanzado El Español. Este procedimiento judicial ya ha sufrido varios aplazamientos a petición de las diferentes partes. En su resolución, la magistrada ha destacado "el retraso que está sufriendo este procedimiento por las suspensiones de las declaraciones señaladas anteriormente". "El primer plazo de instrucción de 12 meses vence en el mes de marzo", avisa la jueza, aunque, desde entonces, podría volver a ser prorrogado. El origen de la causa Esta causa judicial proviene de la denuncia que interpuso la Fiscalía contra González Amador. Tras recibir un informe de la Agencia Tributaria, el Ministerio Público le atribuyó dos presuntos delitos contra Hacienda y uno de falsedad documental, que serán por los que declare el próximo 7 de febrero. Sin embargo, existe una pieza separada en este mismo procedimiento relacionada con otros delitos distintos en los negocios de González Amador. Por su parte, el empresario presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid con el que impugnó la decisión de la magistrada para abrir esta nueva rama del caso. Aún no se ha resuelto por parte de la Sección Tercera de este tribunal, que es jerárquicamente superior al Juzgado de Instrucción. No obstante, Iglesias ha decidido citar como investigado a González Amador por la pieza central del caso. Como se ha explicado en renglones anteriores, el próximo marzo se cumplirá un año desde que se abrió esta causa judicial. La Fiscalía cifra el presunto fraude fiscal del novio de Ayuso en un total de 350.961 euros entre los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. En cuanto al presunto delito de falsedad documental, proviene de que González Amador, supuestamente, aportó unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados por sus empresas. Con ello, habría pretendido reducir la cantidad de impuestos que le correspondería abonar. El intento de acuerdo con la Fiscalía Por otro lado, este caso cobró una arista adicional tras la difusión, primero en ElPlural.com, de un correo electrónico enviado por Carlos Neira, abogado del novio de Ayuso, al fiscal que le acusa, Julián Salto, en el que el letrado le ofrecía llegar a un acuerdo para evitar el juicio. Miguel Ángel Rodríguez y El Mundo, por su parte, dieron a entender que había sido la Fiscalía quien había ofrecido el acuerdo a González Amador, algo que no puede ocurrir por el mero funcionamiento de esta clase de procedimientos. Es siempre el denunciado quien tiene que presentar el ofrecimiento, no la Fiscalía quien hace lo propio con los denunciados. Esta ramificación provocó que el Tribunal Supremo acabara investigando al máximo responsable de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, en un procedimiento en el que tomaron declaración a varios periodistas de elDiario, la Cadena SER y ElPlural.com.
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado por la jueza que le investiga para declarar el próximo 7 de febrero, por dos presuntos delitos de fraude fiscal, según ha avanzado El Español. Este procedimiento judicial ya ha sufrido varios aplazamientos a petición de las diferentes partes. En su resolución, la magistrada ha destacado "el retraso que está sufriendo este procedimiento por las suspensiones de las declaraciones señaladas anteriormente". "El primer plazo de instrucción de 12 meses vence en el mes de marzo", avisa la jueza, aunque, desde entonces, podría volver a ser prorrogado. El origen de la causa Esta causa judicial proviene de la denuncia que interpuso la Fiscalía contra González Amador. Tras recibir un informe de la Agencia Tributaria, el Ministerio Público le atribuyó dos presuntos delitos contra Hacienda y uno de falsedad documental, que serán por los que declare el próximo 7 de febrero. Sin embargo, existe una pieza separada en este mismo procedimiento relacionada con otros delitos distintos en los negocios de González Amador. Por su parte, el empresario presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid con el que impugnó la decisión de la magistrada para abrir esta nueva rama del caso. Aún no se ha resuelto por parte de la Sección Tercera de este tribunal, que es jerárquicamente superior al Juzgado de Instrucción. No obstante, Iglesias ha decidido citar como investigado a González Amador por la pieza central del caso. Como se ha explicado en renglones anteriores, el próximo marzo se cumplirá un año desde que se abrió esta causa judicial. La Fiscalía cifra el presunto fraude fiscal del novio de Ayuso en un total de 350.961 euros entre los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. En cuanto al presunto delito de falsedad documental, proviene de que González Amador, supuestamente, aportó unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados por sus empresas. Con ello, habría pretendido reducir la cantidad de impuestos que le correspondería abonar. El intento de acuerdo con la Fiscalía Por otro lado, este caso cobró una arista adicional tras la difusión, primero en ElPlural.com, de un correo electrónico enviado por Carlos Neira, abogado del novio de Ayuso, al fiscal que le acusa, Julián Salto, en el que el letrado le ofrecía llegar a un acuerdo para evitar el juicio. Miguel Ángel Rodríguez y El Mundo, por su parte, dieron a entender que había sido la Fiscalía quien había ofrecido el acuerdo a González Amador, algo que no puede ocurrir por el mero funcionamiento de esta clase de procedimientos. Es siempre el denunciado quien tiene que presentar el ofrecimiento, no la Fiscalía quien hace lo propio con los denunciados. Esta ramificación provocó que el Tribunal Supremo acabara investigando al máximo responsable de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, en un procedimiento en el que tomaron declaración a varios periodistas de elDiario, la Cadena SER y ElPlural.com.
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