Galicia ensaya la ofensiva contra las bajas que reclama la patronal y devuelve a miles de trabajadores a sus puestos
Sindicatos y profesionales de la salud creen que el PP "compra la mercancía averiada" de los empresarios y "criminaliza" a médicos y trabajadores, pero no ataca la causa de fondo de las incapacidades temporales: "Sin tratamiento efectivo no puede haber alta"La Xunta cifra en dos tercios el número de bajas médicas injustificadas y anuncia un plan de vigilancia para erradicarlas Hace justo un mes, Juan Manuel Vieites, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), hacía balance de 2024 en un desayuno informativo del que, más allá de sus críticas a las “ocurrencias” del Ministerio de Trabajo, quedó un mensaje muy claro: el “gravísimo problema” que sufre Galicia con el “absentismo laboral”. Para solucionarlo, entre otras medidas clásicas, proponía fortalecer la inspección médica. Exactamente treinta días después, en la primera reunión del año del Gobierno gallego, la Xunta presentaba el resultado del plan especial con el que los inspectores dieron el alta a 13.000 de las 20.000 personas de baja que entrevistaron entre junio y diciembre. Vieites lo recibía como “un paso necesario que redundará en beneficio de todos”. “Éste es un lujo que no nos podemos permitir”. Pero no todos lo ven así. Sindicatos, médicos de primaria o psicólogos creen que la Xunta se suma a la estrategia de la patronal, criminalizando a facultativos y pacientes en lugar de solucionar los problemas de fondo. Y no sólo eso: detectan mucha más preocupación por las pérdidas económicas de las empresas que por el sufrimiento de las personas. Vieites, en respuesta a elDiario.es a través de una portavoz, fue muy prudente a la hora de buscar culpables. Como antes lo habian sido, este lunes, tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Unos y otro evitaron en todo momento centrar el foco sobre los pacientes y señalaron la necesidad de aumentar la eficiencia del sistema, agilizar las pruebas clínicas y mejorar la formación de los médicos, sobre todo en lo referente a la normativa. En este aspecto, el presidente de la patronal se limitó a considerar que “los datos que arrojan las inspecciones y en particular el número de bajas injustificadas es muy significativo y precisa ser analizado en profundidad”. Sí recordó que Galicia es la segunda comunidad con mayor duración de las bajas. Pese a recortarse la diferencia durante 2024, siguen siendo de 73,66 días frente a los 41,47 de la media estatal. Eso “repercute en los costes de las empresas” y provoca “una merma fundamental en su competitividad”. Si el absentismo supone la pérdida de un 6,7% de horas de trabajo en España, el derivado de las incapacidades temporales alcanza el 5,2%. Por eso, para el presidente de los empresarios, si se pretende mejorar estos indicadores, las medidas de control “son esenciales”. “Consideramos necesario mantener este seguimiento y sobre todo que la información recabada durante los procesos de inspección pueda ser utilizada para mejorar el funcionamiento del sistema y con ello también la calidad asistencial”. La “mercancía averiada” de la patronal “El PP está comprando la mercancía tóxica y peligrosa de la patronal, que sitúa el absentismo laboral en una clase trabajadora perezosa y que abusa de su derecho”. A Paulo Carril, secretario xeral de la CIG —sindicato mayoritario en Galicia— no le sorprende esta postura por parte de una administración que apuesta “por la privatización y la mercantilización de los servicios”. Carril cree que con esta estrategia se “criminaliza” a quien está de baja “sin atender antes a cuestiones que deberían ser prioritarias”. “En Galicia encabezamos las cifras de siniestralidad laboral, con mayor acento en el resultado de muerte”. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, se produjeron en la comunidad 63 accidentes mortales, prácticamente uno de cada diez de los registrados en el Estado (641). A esto, Carril suma la edad elevada de la población asalariada —en 2023, un 22,3% de la población activa tenía 55 años o más— y la “evidencia de falta de medidas de seguridad en las empresas”. “Poner el foco en quien está enfermo y querer aparentar que las personas trabajadoras abusan, nos parece gravísimo”. Más, añade, en un sistema sanitario como el gallego, “con carencias tan evidentes”. El sindicalista alerta también de que la legislación laboral “va en el camino de transmitir más competencias a las mutuas”, algo que le parece “muy grave” y que no frenará ni la alta siniestralidad ni la “penosidad de los trabajadores”. “Los culpables somos los médicos y los pacientes” “Es una vieja cantinela de la administración: los culpables somos la población, que abusamos de nuestro derecho a la baja, pero también el médico, que es permisivo y no tiene ni idea”. Manuel Martín, portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, v
Sindicatos y profesionales de la salud creen que el PP "compra la mercancía averiada" de los empresarios y "criminaliza" a médicos y trabajadores, pero no ataca la causa de fondo de las incapacidades temporales: "Sin tratamiento efectivo no puede haber alta"
La Xunta cifra en dos tercios el número de bajas médicas injustificadas y anuncia un plan de vigilancia para erradicarlas
Hace justo un mes, Juan Manuel Vieites, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), hacía balance de 2024 en un desayuno informativo del que, más allá de sus críticas a las “ocurrencias” del Ministerio de Trabajo, quedó un mensaje muy claro: el “gravísimo problema” que sufre Galicia con el “absentismo laboral”. Para solucionarlo, entre otras medidas clásicas, proponía fortalecer la inspección médica. Exactamente treinta días después, en la primera reunión del año del Gobierno gallego, la Xunta presentaba el resultado del plan especial con el que los inspectores dieron el alta a 13.000 de las 20.000 personas de baja que entrevistaron entre junio y diciembre. Vieites lo recibía como “un paso necesario que redundará en beneficio de todos”. “Éste es un lujo que no nos podemos permitir”. Pero no todos lo ven así. Sindicatos, médicos de primaria o psicólogos creen que la Xunta se suma a la estrategia de la patronal, criminalizando a facultativos y pacientes en lugar de solucionar los problemas de fondo. Y no sólo eso: detectan mucha más preocupación por las pérdidas económicas de las empresas que por el sufrimiento de las personas.
Vieites, en respuesta a elDiario.es a través de una portavoz, fue muy prudente a la hora de buscar culpables. Como antes lo habian sido, este lunes, tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Unos y otro evitaron en todo momento centrar el foco sobre los pacientes y señalaron la necesidad de aumentar la eficiencia del sistema, agilizar las pruebas clínicas y mejorar la formación de los médicos, sobre todo en lo referente a la normativa. En este aspecto, el presidente de la patronal se limitó a considerar que “los datos que arrojan las inspecciones y en particular el número de bajas injustificadas es muy significativo y precisa ser analizado en profundidad”.
Sí recordó que Galicia es la segunda comunidad con mayor duración de las bajas. Pese a recortarse la diferencia durante 2024, siguen siendo de 73,66 días frente a los 41,47 de la media estatal. Eso “repercute en los costes de las empresas” y provoca “una merma fundamental en su competitividad”. Si el absentismo supone la pérdida de un 6,7% de horas de trabajo en España, el derivado de las incapacidades temporales alcanza el 5,2%.
Por eso, para el presidente de los empresarios, si se pretende mejorar estos indicadores, las medidas de control “son esenciales”. “Consideramos necesario mantener este seguimiento y sobre todo que la información recabada durante los procesos de inspección pueda ser utilizada para mejorar el funcionamiento del sistema y con ello también la calidad asistencial”.
La “mercancía averiada” de la patronal
“El PP está comprando la mercancía tóxica y peligrosa de la patronal, que sitúa el absentismo laboral en una clase trabajadora perezosa y que abusa de su derecho”. A Paulo Carril, secretario xeral de la CIG —sindicato mayoritario en Galicia— no le sorprende esta postura por parte de una administración que apuesta “por la privatización y la mercantilización de los servicios”.
Carril cree que con esta estrategia se “criminaliza” a quien está de baja “sin atender antes a cuestiones que deberían ser prioritarias”. “En Galicia encabezamos las cifras de siniestralidad laboral, con mayor acento en el resultado de muerte”. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, se produjeron en la comunidad 63 accidentes mortales, prácticamente uno de cada diez de los registrados en el Estado (641).
A esto, Carril suma la edad elevada de la población asalariada —en 2023, un 22,3% de la población activa tenía 55 años o más— y la “evidencia de falta de medidas de seguridad en las empresas”. “Poner el foco en quien está enfermo y querer aparentar que las personas trabajadoras abusan, nos parece gravísimo”. Más, añade, en un sistema sanitario como el gallego, “con carencias tan evidentes”.
El sindicalista alerta también de que la legislación laboral “va en el camino de transmitir más competencias a las mutuas”, algo que le parece “muy grave” y que no frenará ni la alta siniestralidad ni la “penosidad de los trabajadores”.
“Los culpables somos los médicos y los pacientes”
“Es una vieja cantinela de la administración: los culpables somos la población, que abusamos de nuestro derecho a la baja, pero también el médico, que es permisivo y no tiene ni idea”. Manuel Martín, portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, ve “rechazable” que una de las propuestas del plan de la Xunta pase, precisamente, por “incrementar” la formación a los facultativos. “Es un ataque frontal al colectivo: el médico de familia está perfectamente capacitado para valorar el estado clínico de una persona y si está en condiciones de trabajar”.
“Como siempre, la Consellería evita el fondo de la cuestión”. Martín recoge una afirmación del conselleiro, que la mayor parte de las bajas se deben a “patologías músculo-esqueléticas o psiquiátricas leves”, y le recuerda que los colectivos llevan “mucho tiempo” reivindicando la creación de servicios de fisioterapia y psicología clínica en los centros de salud.
“Se queda con las consecuencias: que hay un problema importante de atención sanitaria de la población y no con que está de baja indebidamente porque faltan dos los elementos importantístimos en primaria”. Para Martín, dotarla de estos dos servicios no sólo reduciría de forma “muy importante” estas incapacidades temporales: también “evitaría sufrimiento” a los pacientes.
Sí coincide con el Sergas en los problemas derivados de la burocracia, por ejemplo, a la hora de conseguir las citas para el seguimiento de las bajas, algo que con el nuevo plan se asignará de forma automática con cada parte. “Lo que tienen que hacer es aumentar el número de médicos y favorecer la consulta presencial, no la telefónica, que hace que sea muy difícil evaluar situación de la persona enferma”.
A partir de ahora, los informes médicos de las mutuas se incorporarán a la historia clínica del paciente. A Martín le parece “muy peligroso” que se recorra también el camino inverso porque “la misión fundamental de las mutuas es el control de las bajas y acelerar el proceso de alta”. “Sería una aberración que la patronal consiguiese su vieja aspiración de que fuesen ellas quienes llevasen el control de las bajas”.
“Si no hay tratamiento efectivo, la baja está justificada”
“Si queremos reducir las bajas, no hay que perseguir a la gente: hay que tratarla adecuadamente”. Pepe Berdullas, vocal del Colexio de Psicólogos de Galicia, sabe por experiencia que los tratamientos funcionan “con unas condiciones y unos tiempos”. Por eso, si no se dan, no considera “adecuado” responsabilizar a pacientes y profesionales del mal funcionamiento del sistema. Aún más: “Dudar de la capacidad de los médicos de familia para dar bajas me parece entrar en una dinámica peligrosa”.
El Colegio de Psicólogos de Galicia ha estado recogiendo datos sobre las listas de espera entre consultas de seguimiento para un tratamiento. En la mayor parte de la comunidad, la lista para la primera consulta es de un año y, después, de entre cuatro y cinco meses. “Una persona, desde que va al médico por primera vez, puede ser vista por el psicólogo como máximo cuatro veces en dos años”. Un tiempo en el que los trastornos ansiosodepresivos no suelen estancarse, sino que empeoran. En esas condiciones, “no hay tratamiento efectivo y, si no lo hay, entendemos que la patología se mantiene. Por tanto, está justificado que se mantenga la baja”.
A Berdullas le llama la atención la utilización por parte del conselleiro de la forma “patología psiquiátrica leve”. “Que la ansiedad y la depresión se consideren a menudo así no quiere decir que no puedan afectar gravemente a la vida de las personas”. Por eso, cree que no se debe “equiparar por síntomas”, sino estudiar cada caso de forma individual. Y recordar que una atención inmediata “o, al menos, accesible” no solo reduciría los costes para el sistema: también el sufrimiento de los pacientes.
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