El dilema del PP: rechaza la ‘ley Begoña’ pero no se opone a limitar las acusaciones populares
El PP apoyó limitar las acusaciones populares en 2017 Criticar las formas, no el fondo El caso Nóos, Gürtel o Púnica El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes...
- El PP apoyó limitar las acusaciones populares en 2017
- Criticar las formas, no el fondo
- El caso Nóos, Gürtel o Púnica
El Partido Popular rechaza de plano la que ha denominado como ‘ley Begoña’, la proposición de ley del Partido Socialista que pretende limitar el poder de las acusaciones populares, una figura excepcional que solo existe en España. Sin embargo, las críticas de los populares no se centran en el fondo, sino en la forma: aseguran que el Gobierno pretende sepultar las causas contra la esposa y el hermano del presidente, Pedro Sánchez, ambas promovidas por las acusaciones populares, pero desde Génova no se oponen a restringirlas.
La propuesta, registrada en el Congreso de los Diputados el pasado viernes, pretende prohibir a los partidos políticos ejercer como acusaciones populares, así como a toda organización vinculada a ellos. También impide que los jueces admitan querellas basadas, únicamente, en recortes de prensa. Dos condiciones que cumplen las causas judiciales contra Begoña Gómez y el hermano del líder del Ejecutivo.
Además, el texto establece que, de aprobarse, esta normativa afectaría también a los procesos en curso.
El PP apoyó limitar las acusaciones populares en 2017
Tras la proposición de ley del Partido Socialista, que pretende limitar las acusaciones populares, Génova salió duramente a criticar la reforma, al igual que las asociaciones de jueces que han llegado a tildarla de “inconstitucional”. Del mismo modo, asociaciones de fiscales han criticado la norma por ser muy restrictiva con este tipo de acusaciones.
Unas críticas a las que se ha sumado la oposición. Sin embargo, toda la plana mayor del PP apoyó en 2017 impedir que los partidos políticos pudieran personarse como acusación popular. Una medida que también recoge la proposición de los socialistas.
Criticar las formas, no el fondo
El PP no se ha posicionado en contra de restringir el poder de las acusaciones populares que están causando un calvario judicial para el Ejecutivo. En el ‘caso Ábalos’, tanto Vox como el PP están personados como acusación popular. La imputación de la mujer del presidente, Pedro Sánchez, se produjo solo a raíz de la denuncia del sindicato Manos Limpias, basada en una veintena de titulares de prensa.
La misma organización denunció al hermano de Sánchez, y Abogados Cristianos o Hazte Oír están personados en la causa. El Gobierno considera que se trata de una cacería organizada por asociaciones de ultraderecha que solo buscan mermar al Ejecutivo.
De modo que desde Génova critican duramente que la proposición del PSOE afecte, directamente, al caso de la esposa y el hermano de Sánchez. Es decir, atacan el motivo por el que los socialistas proponen esta reforma, así como el momento en el que lo hacen —en mitad de las causas judiciales mencionadas—, pero no se oponen a la propuesta de limitar la acción de las acusaciones populares.
Mientras algunas fuentes del PP consultadas por este medio aseguran que la postura del partido no ha cambiado respecto a 2017, altos cargos populares directamente dejan la pregunta en el aire y evitan aclarar la postura del partido actualmente.
El caso Nóos, Gürtel o Púnica
El PP se posicionó a favor de limitar las acusaciones populares en mitad de una retahíla de casos de corrupción que afectaban al partido. Durante y tras casos como la Gürtel, que derivó en tres sentencias condenatorias para miembros del PP y para el propio partido a título lucrativo, la cúpula defendió que los partidos políticos no pudiesen personarse.
Según explicaron entonces distintos directivos del PP, entendía que el PSOE se estaba personando en causas para “conseguir en los tribunales lo que no ha podido en las urnas”. Unas afirmaciones muy semejantes a las que han realizado los dirigentes socialistas en las últimas semanas.
También se cuestionó esta figura cuando la organización Manos Limpias trató de sentar en el banquillo a la infanta Cristina por el caso de corrupción de su marido, Iñaki Urdangarin.
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