La trampa de Almeida y Ayuso para "pagar menos" a 17.000 ayudantes a domicilio: "Presumen de racanería"
Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la Comunidad y la ciudad de Madrid no pueden más, y así se lo hicieron saber el pasado fin de semana mediante una manifestación en los aledaños de la Puerta del Sol que reunió a cerca de 1.000 personas -5.000 según las organizadoras- a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida. La situación lleva atascada desde diciembre, en tanto en cuanto las profesionales están en huelga indefinida desde el día 16, aunque las reclamaciones por sus condiciones laborales son poco menos que históricas; si bien la situación se ha encrudecido recientemente a partir de la reciente prórroga de sus contratos, en contra de los cuales las trabajadoras exigen una renovación total de los documentos que deberían ampararlas. Y es que esta continuidad -hasta abril de este año en el caso de Sol y hasta junio en el caso de Cibeles- no considera la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ni el aumento del coste de la vida, ni el crecimiento salarial para las trabajadoras que prevé el convenio colectivo sujeto a la adjudicación de los nuevos pliegos de condiciones, según denuncian los sindicatos UGT, CGT y OSAD. La oposición mantiene esta línea. De hecho, la portavoz de Más Madrid en el Consistorio, Rita Maestre, no duda en tachar de "rácana" y "tacaña" la justificación del equipo de Almeida para esta decisión: comparar los precios de otros contratos actualmente vigentes para defender que el precio de los contratos municipales son inferiores y, en consecuencia, beneficiosos para la administración pública. "Vulnera principios como los de proporcionalidad y deja al descubierto la incapacidad del PP de gestionar adecuadamente los servicios públicos", emite la formación progresista. El razonamiento hace aguas en tanto en cuanto la comparación se hace sobre contratos adjudicados hace dos o tres años y frente a algunos de otras comunidades autónomas en las que no se aplica el convenio colectivo firmado en 2024. Asimismo, la instrucción se dictó en un marco normativo anterior al que se encuentra en vigor (es decir, la ley de contratos del sector público) y no consideró la aplicación de la normativa sobre prohibición de revisión de precios. Los precios del contrato municipal son un 7,29% inferiores para los días laborales y un 13,55% para los días festivos a los precios del contrato de la región. Si se compara con el salario que perciben las compañeras de otras ciudades, por ejemplo, en Tarragona cobran un 17,27% más y en algunos lugares del País Vasco más de la mitad. Entretanto, destacar que esta situación, que la parte disidente califica de precaria, afecta a 17.000 personas en toda la Comunidad y a más de 12.000. En declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración y remitidas a este periódico, la responsable primera de Más Madrid en el Ayuntamiento exige a Almeida y su equipo que "cumplan de forma inminente" con las trabajadoras, lo cual pasa por "dejar de prorrogar los...
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